Para qué nos endeudamos

El debate entre el alcalde de Hermosillo y la Secretaría de Hacienda estatal revela un problema más grande. México, sus estados y municipios se endeudan al mismo tiempo, y casi nadie pregunta para qué

Ilustración generada por artogroup.com

El 24 y 25 de abril, el alcalde Antonio Astiazarán y la Secretaría de Hacienda de Sonora se enfrentaron en los medios. El alcalde dijo que Hermosillo bajó casi 100 millones de pesos de deuda. La dependencia estatal respondió que el municipio encabeza la lista de los más endeudados del país, con 1,922 millones de pesos y calificación B con perspectiva negativa, lo que en lenguaje crediticio significa capacidad de pago vulnerable y riesgo de deterioro en el corto plazo. La misma Secretaría defendió que la deuda estatal cerró 2025 con 2,000 millones menos en términos reales que la recibida en 2021, con calificación A confirmada por Fitch, Moody’s y HR Ratings.

El intercambio se quedó en las cifras. Yo creo que debajo de esas cifras vive una conversación que no estamos teniendo.

Los estados administran finanzas con reglas que no escriben. Los municipios se endeudan de forma permanente, sin importar las renegociaciones que firmen. La Federación proyecta 5.1 billones de pesos más de deuda en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Los tres niveles del gobierno mexicano se apalancan al mismo tiempo. El debate público sigue atrapado en cuánto, no en para qué.

El destino de la deuda decide si daña o construye. Pagar gasto corriente con dinero prestado consume renta. Pagar inversión productiva con dinero prestado multiplica activos. Eso requiere coordinación clara entre Federación, estados y municipios. Esa diferencia es la columna del problema.

La arquitectura que sabía invertir

Hace dos sexenios, en SAGARPA, dirigí la red nacional de 32 delegaciones estatales. Operábamos los convenios de concurrencia. La Federación aportaba 70%. Los estados, 30%. El recurso se etiquetaba para inversión productiva, con evaluación técnica previa y seguimiento físico financiero. Tres actores se sentaban a la mesa: productores organizados, gobierno estatal y Federación. En Sonora la mayoría de esos recursos se orientaron a dos rubros: tecnificación de riego y agricultura protegida. Cambiaron el rostro del campo en el noroeste.

Funcionó porque había reglas claras y corresponsabilidad financiera. Hoy ese programa ya no existe. Se debilitó la lógica del cofinanciamiento. Se centralizaron las decisiones. Las transferencias sustituyeron a la inversión, sin productividad asociada. Se perdió la planeación de largo plazo. Lo escribí cuando hablamos de administrar la pobreza en noviembre. El modelo asistencial sostiene el día. No construye el mañana.

Hoy nos endeudamos porque perdimos la arquitectura institucional que sabía invertir bien los recursos propios y los prestados. El dinero existe, pero falta el cómo.

El peso de la deuda federal

A nivel federal, el costo financiero de la deuda consume cerca del 17% de los ingresos del gobierno. La Secretaría de Hacienda recortará el gasto en 2026 por 245,900 millones de pesos. De ese ajuste, el 73% cae en el gasto no programable, repartido en tres rubros que pesan sobre el presupuesto: el costo de la deuda, las participaciones a estados y municipios, y los adeudos de ejercicios anteriores. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzará 55% del PIB en 2027, equivalente a 21.8 billones de pesos, el nivel más alto desde el año 2000. La inversión pública se concentra en proyectos estratégicos específicos que no son rentables ni generan ingreso generalizado. México privilegia la estabilidad política de corto plazo, y eso crea condiciones para problemas sociales en el mediano plazo.

La pregunta que importa apunta a la sostenibilidad. ¿Qué tan sostenible es lo que se debe? El ciudadano que quiera evaluar la salud fiscal de un gobierno debe mirar cinco indicadores: la capacidad real de pago, medida como deuda sobre ingresos de libre disposición; el servicio anual de la deuda como presión sobre el presupuesto; el contraste entre inversión pública y gasto corriente, que muestra la calidad del endeudamiento; el balance primario, que dice si hay ahorro antes de pagar intereses; y los pasivos contingentes, como pensiones y deudas con proveedores, que aprietan la hacienda sin aparecer en titulares.

Aplicar esos cinco filtros a la discusión Hermosillo-Sonora ordena el debate. La pregunta que casi nadie hace apunta al destino. ¿La deuda financia el crecimiento, o tapa el gasto corriente? Podemos bajar la deuda. Pero si también baja la inversión, empobrecemos el futuro de las próximas generaciones.

Tres acciones para Sonora y Hermosillo

Pongo tres acciones concretas, ejecutables en 12 meses, con responsables claros.

Primero, un fondo estatal de infraestructura productiva, con corresponsabilidad de Estado y municipios. Mezcla inteligente de recursos federales, estatales y municipales. Regla mínima: 60% del fondo se va a inversión productiva. La Secretaría de Hacienda estatal lo coordina. La Federación redistribuye proporcionalmente al esfuerzo de cada municipio.

Segundo, convenios de desempeño fiscal actualizados. La Federación transfiere más cuando el Estado eleva recaudación y baja gasto corriente. El Congreso local entra como contralor.

Tercero, reingeniería del predial en Hermosillo. Modernización catastral y cobro eficiente. El incremento se etiqueta para infraestructura urbana: pavimento, agua y transporte. El ayuntamiento es responsable directo. La red de agua de Hermosillo vive de esa misma lógica. Lo escribí la semana pasada. Si abres la calle, no la cierras sin meter también la red eléctrica y de telecomunicaciones. Modernización integral, no parches.

A nivel nacional, el viraje pasa por un nuevo pacto fiscal. México sigue siendo un país altamente centralizado. Necesitamos cinco reformas estructurales: una nueva fórmula de participaciones a estados y municipios; premios fiscales a quien recauda localmente; facultades tributarias parciales a estados, vinculadas a actividades económicas regionales; reglas estrictas de endeudamiento, solo para inversión productiva medible; y un sistema de evaluación del gasto, con transparencia real sobre los resultados.

Brasil aprobó en el año 2000 su Ley de Responsabilidad Fiscal. El esquema controló por una década el endeudamiento subnacional. Mejoró la disciplina financiera. Elevó la transparencia. La crisis de 2014 mostró sus límites cuando la aplicación se aflojó. La lección aplica a México. El federalismo se vuelve dependencia financiera disfrazada cuando faltan reglas claras, corresponsabilidad y aplicación firme.

El timing es ahora. La revisión del T-MEC arranca en julio. Si México quiere competir por más inversión bajo el nuevo tratado, necesita tres cosas: infraestructura local fuerte, energía competitiva y logística eficiente. La inversión productiva nacional cayó 6.6% en 2025. El crecimiento del primer trimestre fue 0.2%. Sin estructura fiscal sólida en lo local, ni el nearshoring ni la Puerta Logística del Noroeste rendirán lo que prometen. Tres Decisiones, el artículo de enero, queda incompleto sin esta pieza fiscal.

El problema de la deuda en México, Sonora y Hermosillo se compone de tres preguntas: cuánto se debe, para qué se debe, y quién decide el destino. Hoy enfrentamos una disyuntiva. Seguir administrando la deuda para sostener el presente, o reconstruir una hacienda pública que financie el futuro. La pregunta de fondo es política. ¿Queremos gobiernos que gasten, o gobiernos que construyan? Un sistema fiscal moderno equilibra autonomía con disciplina. Permite invertir más, bajo reglas estrictas de sostenibilidad. No tenemos tiempo que perder.